Cabeza de Vaca rechaza nexos con Sergio Carmona ante señalamientos

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, emitió este martes un posicionamiento oficial en el que desmiente categóricamente cualquier relación personal o financiera con el fallecido empresario Sergio Carmona. El pronunciamiento surge en respuesta a las recientes declaraciones de Gloria Molina, quien ha vinculado al exmandatario con la figura del empresario en el contexto de investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas en la entidad. García Cabeza de Vaca sostuvo que estas acusaciones carecen de sustento probatorio y forman parte de una estrategia de desprestigio dirigida desde instancias políticas externas.

En su mensaje, el exgobernador señaló que Gloria Molina está siendo objeto de presiones indebidas para que sostenga señalamientos en su contra. De acuerdo con el equipo cercano al exmandatario, estas presiones buscan condicionar la narrativa pública sobre la gestión anterior en Tamaulipas, utilizando el nombre de Carmona para generar un impacto negativo en la opinión ciudadana. García Cabeza de Vaca reiteró que durante su administración se mantuvieron los cauces legales en todas las contrataciones públicas y procesos administrativos realizados por las dependencias estatales.

El señalamiento realizado por Molina ha generado diversas reacciones en la clase política nacional, reavivando el debate sobre el financiamiento a campañas y la transparencia en el ejercicio del gasto público en el norte del país. Representantes del entorno del exgobernador afirmaron que se encuentran preparados para colaborar con cualquier instancia de procuración de justicia si fuera necesario, siempre que el proceso se mantenga apegado al estado de derecho y no se utilice con fines de persecución política.

Por su parte, los sectores que apoyan a la actual administración estatal han instado a que las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República, profundicen en el análisis de cualquier vínculo irregular que pudiera haber existido entre funcionarios públicos y particulares. El caso mantiene la atención de la opinión pública local, mientras se espera que las autoridades definan si los testimonios presentados cuentan con los elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre los hechos denunciados.