Cuestionan protocolos de limpieza tras fallecimiento de menores en IMSS Durango

El reciente fallecimiento de cinco menores de edad en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Durango ha generado una intensa polémica sobre la transparencia y los protocolos sanitarios implementados en la institución. Diversos sectores de la opinión pública han señalado que, tras el suceso, las acciones inmediatas se centraron en procesos de limpieza profunda y un hermetismo informativo que ha dificultado el esclarecimiento de las causas clínicas detrás de las defunciones.

La controversia, retomada por analistas como Verónica Malo, subraya la preocupación sobre cómo las autoridades del sector salud gestionan las crisis internas dentro de las unidades médicas. Según las críticas, el orden de las actuaciones institucionales —priorizando la limpieza de las áreas afectadas por encima de la comunicación oportuna hacia las familias— ha levantado dudas sobre la rendición de cuentas y la atención de las negligencias que pudieran haberse presentado en el área de cuidados neonatales.

En respuesta a las exigencias de claridad, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos han solicitado una auditoría externa para verificar el cumplimiento de las normas oficiales de higiene en la unidad médica. Hasta el momento, el personal administrativo del IMSS no ha emitido un posicionamiento detallado que explique la secuencia de los hechos, manteniéndose en un esquema de cooperación con las autoridades sanitarias estatales para realizar los peritajes correspondientes.

Por parte de la Secretaría de Salud y el órgano interno de control del IMSS, se ha planteado la posibilidad de implementar una revisión exhaustiva de los procesos de esterilización y manejo de insumos en clínicas de la región. Estas medidas, presentadas como una propuesta de mejora ante la crisis, buscan mitigar la desconfianza de los usuarios y evitar que incidentes de esta naturaleza se repitan en otros centros de atención hospitalaria del país.

El caso permanece bajo vigilancia de las autoridades correspondientes para determinar si existieron fallas operativas o de supervisión. La exigencia social se mantiene centrada en la necesidad de protocolos de respuesta inmediata que privilegien el derecho a la información de los familiares y garanticen la seguridad clínica por encima de la imagen institucional.