El huachicol fiscal: la herencia energética que persiste en México

La actual administración federal ha señalado que las modificaciones normativas aplicadas en el sector energético a partir de 2013 crearon las condiciones necesarias para el florecimiento del denominado huachicol fiscal. Este fenómeno, detectado con mayor intensidad durante la crisis sanitaria por COVID-19, se basa en la simulación de importaciones de combustibles que son ingresados al país bajo clasificaciones arancelarias falsas, principalmente como aditivos o aceites, para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT han identificado que la desregulación en los permisos de importación permitió que empresas privadas ingresaran hidrocarburos al territorio nacional sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Esta práctica no solo representa una pérdida millonaria para el erario público, sino que también distorsiona la competencia leal en el mercado de combustibles, afectando la estabilidad financiera de PEMEX frente a actores que operan en la ilegalidad.

Durante los últimos años, la estrategia gubernamental se ha centrado en endurecer la vigilancia en aduanas y en la revisión exhaustiva de los permisos otorgados a particulares para el manejo de petrolíferos. La Guardia Nacional y las fuerzas federales han incrementado los operativos de supervisión en terminales de almacenamiento y puntos de internación fronteriza, buscando desmantelar las redes logísticas que sostienen este esquema de defraudación que utiliza el marco legal previo como escudo.

Especialistas en la materia han advertido que el combate al huachicol fiscal requiere una coordinación interinstitucional profunda que involucre a la Secretaría de Energía y a la Fiscalía General de la República. Aunque se han implementado candados administrativos, el reto permanece en la fiscalización de las cadenas de suministro complejas que esconden el origen y la composición química de los productos importados para evadir la carga tributaria vigente.

La propuesta de las autoridades actuales es fortalecer los mecanismos de control aduanero y revisar permanentemente el marco legal para evitar que los vacíos normativos sigan siendo aprovechados por grupos dedicados a la evasión. Mientras el Poder Judicial continúa procesando diversos casos relacionados con estas irregularidades, el gobierno federal mantiene el despliegue de operativos para asegurar que todos los combustibles comercializados en el país cumplan con sus obligaciones fiscales y normativas ambientales.