Sheinbaum abre puerta a investigación contra Carlos Ulloa por propiedades

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este sábado que su administración mantiene abierta la posibilidad de que la Secretaría Anticorrupción realice una investigación formal sobre el patrimonio de Carlos Ulloa. El señalamiento surge tras cuestionamientos públicos sobre la adquisición de dos departamentos realizados presuntamente mediante pagos de contado, un tema que ha generado interés en la opinión pública nacional.

Durante su habitual comunicación con medios de comunicación, la titular del Ejecutivo Federal subrayó que cualquier servidor público o colaborador que sea objeto de señalamientos debe someterse a los procesos de fiscalización correspondientes. La mandataria enfatizó que el compromiso de su gobierno es la transparencia total y la rendición de cuentas, asegurando que ninguna persona está exenta de ser revisada por las instancias competentes del Estado mexicano.

La posibilidad de esta indagatoria recaería bajo las facultades de la Secretaría Anticorrupción, órgano encargado de supervisar el correcto ejercicio del servicio público y el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales. Fuentes cercanas al equipo de la Presidencia indicaron que, de formalizarse el proceso, se buscará determinar si los recursos utilizados para dichas transacciones inmobiliarias coinciden con los ingresos declarados por el funcionario ante las autoridades fiscales.

Hasta el momento, no se ha confirmado la apertura de un expediente administrativo definitivo, aunque la postura presidencial marca una apertura hacia la fiscalización de este caso. Se espera que en los próximos días se determine si la Secretaría Anticorrupción iniciará una auditoría formal para esclarecer el origen de los recursos involucrados en la compra de los inmuebles mencionados.

Este proceso se enmarca en la política de austeridad y vigilancia institucional que el gobierno federal ha promovido durante su gestión. La administración sostiene que la verificación de bienes es un mecanismo fundamental para mantener la confianza ciudadana y garantizar que los funcionarios públicos actúen bajo los principios de legalidad y probidad establecidos en la Constitución.