Sheinbaum advierte que Morena no tolerará actos de corrupción en gobiernos municipales
La presidenta de México subrayó que su partido no servirá de refugio para funcionarios involucrados en actividades ilícitas, tras la detención del alcalde de Tequila.

La presidenta de México declaró este lunes que las siglas de Morena no representan un paraguas para proteger a funcionarios públicos involucrados en actividades delictivas. El pronunciamiento ocurrió tras el operativo federal realizado el pasado jueves, donde fueron detenidos el presidente municipal de Tequila, Jalisco, junto a tres funcionarios de su administración, bajo una investigación por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria enfatizó que ningún cargo de elección popular otorga inmunidad ante la ley ni justifica acciones contrarias a los principios de probidad que promueve su administración. Según la información proporcionada por fuentes federales, la detención se ejecutó como parte de una carpeta de investigación coordinada entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras varios meses de seguimiento a las operaciones en la zona.
La titular del Ejecutivo federal hizo un llamado a las autoridades locales y estatales para mantener una estricta vigilancia sobre el ejercicio de los recursos y las funciones municipales. Aseguró que el combate a la corrupción es una prioridad de su gobierno, por lo que las instituciones federales mantendrán su colaboración con el Poder Judicial para garantizar que las investigaciones se desarrollen con total apego a derecho y transparencia, sin importar la filiación política de los señalados.
Finalmente, el equipo de la presidencia adelantó que se fortalecerán las mesas de seguridad en diversas entidades para prevenir la infiltración de intereses ajenos a la ley en las administraciones municipales. La estrategia propuesta busca consolidar mecanismos de supervisión más efectivos que permitan detectar irregularidades de forma temprana, asegurando que los programas de bienestar y los servicios públicos en los estados no se vean afectados por la inestabilidad política derivada de procesos judiciales.
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